2013-07-02

 

Mujeres al frente de una lucha desigual

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La vida de Claudia Patricia Ortiz Gerena está estrechamente ligada a la tierra y el territorio. Nacida en Bucaramanga, fue criada en San Vicente de Chucurí donde su madre fue docente en una escuela rural durante 35 años. Su relación con los municipios de Zapatoca y Betulia se remonta a sus bisabuelos.


En 1996 su familia se traslada a una finca heredada por su padre, situada en una vereda de Betulia donde residen pequeños propietarios que se conocen desde hace décadas. A pesar de pertenecer a la provincia de Mares de la cual hace parte también Barrancabermeja  (departamento de Santander), primero bastión del ELN  y después de los paramilitares, en esta vereda los años discurren en una relativa tranquilidad. “La ventaja en nuestra vereda es que todos somos propietarios y no hay terratenientes. Somos pequeños parceleros con 10, 15 o 6 hectáreas y eso hace que todos estemos en iguales condiciones y que ninguna persona esté participando activamente en un grupo al margen de la ley. La mayoría de los trabajadores son de la casa y si hay obreros se les paga bien y no son explotados. Además nuestros abuelos y bisabuelos eran conocidos de los abuelos y padres de los vecinos. Las familias nos conocemos desde hace 100 años y si se dan conflictos en la vereda ya sabemos cómo son las personas desde chiquitos. Todo eso da tranquilidad, paz y confianza porque sabes que, aunque no estemos de acuerdo en todo, nadie va a atentar contra el vecino porque es nieto, bisnieto o hijo de fulano de tal. Esos lazos se crean con los años y es lo que nos hace tener ese amor, ese sentido de pertenencia y ese querer permanecer en el lugar. Entonces ningún grupo ha permanecido o ha estado tanto tiempo en la zona porque no tiene raíces en la zona”, explica.


Desde pequeña a Claudia le gustó el estudio y soñaba con convertirse en bióloga marina. Sin embargo la economía familiar no daba para costear una universidad en Bogotá, así que finalmente optó por formarse como técnica agropecuaria y profesional en producción agroindustrial. “De ahí nació todo el querer del cambio del territorio” recuerda a orillas del río Sogamoso. En el año 2007 empezó a trabajar para formar una asociación en su vereda. Seis meses de reuniones semanales, quincenales… para presentar proyectos productivos que mejorasen las condiciones de vida de sus vecinos.


En 2007, en Betulia, se inicia un proceso de Constituyente primaria convocada desde el programa de Desarrollo y Paz. La organización de la vereda empieza a abrir espacios para debatir sobre el territorio. Llegan a la conclusión de que su municipio es agropecuario, que quieren que siga siendo así y para ello crean la Asociación Agroambiental y Pecuaria de Betulia.


La relativa calma de la que gozaba su vereda estalla por los aires. El responsable no es un grupo armado, sino la llegada de un megaproyecto en forma de hidroeléctrica. “Nosotros estábamos catalogados como zona roja del conflicto, de limpieza de grupos armados, pero no había conflictos por el suelo y el subsuelo que es lo que ahora se está viendo. Desde pequeños escuchábamos hablar de la represa, pero nunca hicimos reuniones ni se veía nada del desarrollo ni del progreso que prometían esos políticos que se creen dueños del territorio”, denuncia Claudia.


La compañía colombiana estatal Isagen desembarca en Betulia para levantar una hidroeléctrica en el río Sogamoso. La empresa llega al territorio con promesas de un futuro cargado de progreso para sus habitantes. “Cuando nos llegó la noticia del megaproyecto lo tenían callado. Nosotros no sabíamos de licencias, ni de autorizaciones, ni de socializaciones, ni de cómo se daba eso. Cuando llegan lo montan todo tan bonito que uno creía que iba a traer beneficio. Ya lo tenían todo armado; la parte política, los terratenientes… Ya tenían todo su complot y cuando uno empieza a verle la otra parte lo que hicimos fue unirnos con otras organizaciones y con gente de otras partes que tenía problemas con hidroeléctricas. Vinieron de Anchicayá, de Brasil, hicimos foros… Pero desafortunadamente ya tenían a la gente permeada y la individualizaron. Desde la Constituyente de Betulia pedimos que se hiciera un diálogo, no una negociación, porque una negociación se da cuando las dos partes están en igualdad de condiciones y ninguno de nosotros sabía qué íbamos a negociar como para sentarnos con una empresa que tiene semejante personal y nosotros campesinos”, recuerda Claudia.


El encuentro latinoamericano de afectados por las represas, celebrado en 2008 en Lorica, Córdoba, termina de abrir los ojos a Claudia que comienza a dimensionar el efecto que el megaproyecto tendrá sobre las comunidades. Lo que va investigando y leyendo choca de frente con las promesas y el escenario dibujado por Isagen. “Una empieza a mirar con quién se puede unir para tratar que las comunidades tengan la mayor información. Esa fue mi tarea desde 2008, ir a todas las comunidades, informar y tratar que se organizaran porque tenía muy claro que uno solo no puede hacer nada y las comunidades tampoco. Había mucha división e intereses divididos. El programa Desarrollo y Paz optó por irse con la empresa, la Pastoral Social, la Diócesis,  también tenía un proyecto con la empresa, los sindicatos venían cuando les daban viáticos y cuando no les daban viáticos entonces decían que no podían asistir a las reuniones y a uno le daba soberbia porque uno sin sueldo ni viáticos ni nada estaba acá poniéndole pecho a las cosas”, se lamenta.


David contra Goliat


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Claudia es consciente de estar librando una lucha desigual en la que la información opera como un arma más. “Ellos dicen que nosotros somos los disociadores y lunares negros, pero no pueden venir y tomar una decisión sin dar una información completa. Lo que nosotros siempre hemos peleado es que acá nunca se nos ha dado información. Toda la información que yo tengo es porque yo misma me la he conseguido. La empresa tiene mucho personal como trabajadoras sociales que cuando nosotros hacíamos reuniones, venían poco después con brigadas y talleres mostrándole a la comunidad que todo era diferente a lo que nosotros les estábamos diciendo. Eso ha sido difícil;  la sensibilización sin plata o la sensibilización con recursos y dinero al servicio de ellos. Pero gracias a Dios la gente se ha dado cuenta de que nosotros no les hemos engañado ni mentido. Ahora sí se dieron cuenta porque lo están viendo”, explica Claudia. El río Sogamoso, cada vez menos caudaloso y con menos peces, ya ha empezado a sufrir las consecuencias de la construcción de la represa, dando la razón a Claudia.


Muchas mujeres, al ver a Claudia liderando esta lucha, se han sumado a las acciones y movilizaciones contra la represa. En el paro de 2011, las mujeres se mantuvieron firmes en el lugar de la protesta a pesar de la represión del Esmad que provocó la estampida de muchos hombres.


Claudia es consciente de los riesgos que entraña ser la cara visible de una lucha desigual y tiene presente en la memoria los nombres de compañeros de lucha muertos o desaparecidos en circunstancias que no convencen a la comunidad. “En 2008 había líderes trabajando en otros campos acá río abajo. Estaba Lucho que era el presidente de los pescadores de Llanito que estaba trabajando por el reconocimiento afro descendiente de su comunidad. Después nos enteramos de que si eran reconocidos como afro descendientes, sobre ellos debía aplicarse la consulta previa para cualquier megaproyecto que pueda haber en la zona. Hasta ahora dicen que murió por otras causas. El presidente de la junta del Sogamoso, el presidente de junta de una asociación de harineros, el presidente de la junta de la vereda Marta, un líder también del territorio que decían que era guerrillero, porque todo el mundo que piensa diferente resulta que es guerrillero, la desaparición de Miguel, un gran defensor del río Sogamoso… Hasta ahora siempre colocan móviles ajenos a todo el proceso, pero uno hace relación de por qué les convenía desaparecer a cierta gente y se pregunta dónde están los casos resueltos. ¿Dónde están?”, se interroga.


Para Claudia la firma de un acuerdo de paz en La Habana no será suficiente para acabar con el conflicto en Colombia: “Uno desde el campo ve que el conflicto que tenemos es la lucha del poder de las clases oligarcas que quieren manejar al pueblo a su antojo. Acá, el Estado nunca ha estado en el territorio. Acá han faltado todos los servicios todo el tiempo. La única vez que llegó el Estado fue para poner la represa y para pedir votos en la época de elecciones. A los políticos no les interesa que la gente se organice. Yo creo que el principal enemigo que tenemos es la corrupción de la politiquería de este país. ¿Quién se beneficia con una obra de estas? ¿Quiénes son los dueños de las volquetas? ¿Quiénes son los dueños de distribuir el material? Esto es un negocio redondo para ellos. Se tendría que evaluar realmente quiénes son los vándalos de los megaproyectos; de dónde vienen, a quiénes benefician…”.

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