2013-10-02

 

Dígale No a la política antidrogas

 

nosotrashumanas
Para la Corporación Humanas es fundamental que Colombia revise la política de persecución al tráfico de drogas ilícitas. Hasta el momento la concepción que ha regido la intervención estatal y la que se le ha permitido llevar a cabo a Estados Unidos en el territorio nacional ha estado delineada por los intereses y enfoques de este país. Colombia comenzó siendo un país comercializador de narcóticos, luego fue cultivador, procesador y comercializador y en la última década, sin perder las características anteriores, es también consumidor.


El tráfico de drogas ilícitas lleva décadas alimentando el conflicto colombiano. Las políticas instaladas para combatirlo se han mostrado ineficaces y han centrado sus esfuerzos en los eslabones más débiles de la cadena generando nuevos tipos de violencia.

La Corporación Humanas ha reflexionado en diferentes ocasiones sobre esta problemática, prestando una especial atención en el impacto sobre la vida de las mujeres. En abril del 2012, como integrantes de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género1, enviamos a la Sexta Cumbre de las Américas un comunicado en el que argumentamos porqué debía revisarse la actual política anti-drogas. Ese año también, la Corporación Humanas publicó “Dos dinámicas del conflicto armado en dos entornos distintos”2. En ese artículo se trazan las características del conflicto armado en las ciudades, dinamizado mayormente por el narcomenudeo, y se identifican las afectaciones que tienen sobre la vida de las mujeres. Todo parece indicar que mientras la política antidrogas se ha ensañado en la persecución y la prohibición, más eslabones de la cadena del narcotráfico se han arraigado en el territorio colombiano.


Hoy, cuando el cuarto punto de la agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas” se está discutiendo en La Habana y tras la celebración la semana pasada, entre el 24 al 26 de septiembre, del Foro nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, estas reflexiones e investigaciones mantienen toda su vigencia por lo que las reproducimos aquí.


Nuestro aporte a este debate clave para lograr una paz estable y duradera en Colombia.


Pronunciamiento hacia la VI Cumbre de las Américas

Revisión de la actual política anti-drogas: una prioridad para reducir la violencia contra las mujeres en las Américas

Comunicado hacia la Sexta Cumbre de las Américas
Abril de 2012


Como ha sido ampliamente documentado, la violencia contra las mujeres en nuestros países, enraizada en el sexismo y la discriminación estructural, se incrementa por el contexto de violencia armada de la región, la cual, a su vez, está directamente relacionada con el narcotráfico. Por ello, detener el aumento de  la violencia contra las mujeres, requiere con urgencia una revisión de las políticas de prohibición del comercio de drogas.


El narcotráfico ha sido el causante del surgimiento y fortalecimiento de distintos aparatos criminales, que encuentran en la vía armada la manera de defender sus intereses comerciales, pasando por encima de los derechos humanos de la población y debilitando transversalmente -mediante la corrupción- a los Estados y sus instituciones. Las políticas antidrogas desarrolladas por los Estados no han detenido el narcotráfico ni disminuido el consumo de drogas3.


Los  recientes estudios sobre feminicidios muestran cómo la tasa de homicidios de mujeres ha crecido casi el triple que la de hombres en los países de la región más afectados por el narcotráfico y cómo, además, ha aumentado la crueldad con la que tales actos se cometen. Este incremento se relaciona directamente con los nuevos contextos y dinámicas regionales, caracterizados por la presencia de mafias y redes delictivas asociadas al comercio de drogas, que lejos de ver menguado su accionar por las políticas que los Estados han creado para enfrentarlas, han fortalecido su negocio y se han aliado con actores sociales tradicionales  (políticos, militares y empresarios) garantizando además la impunidad de sus actos4.


En la guerra contra las drogas, como en otros conflictos armados, las mujeres han sufrido de manera desproporcionada el impacto de la violencia, puesto que la discriminación histórica que ha recaído sobre ellas las ha ubicado en especiales condiciones de vulnerabilidad. La violencia estructural que enfrentan las mujeres por el hecho de serlo se ha visto incrementada e intensificada en el marco de los conflictos que generan los mercados ilegales, en los cuales sus cuerpos han sido usados como campos de batalla en los contextos de confrontación, y han llevado la peor parte en la consecuente militarización de los territorios. Esto se debe a que la conformación de ejércitos ilegales exacerba los estereotipos de género y exige masculinidades afincadas en la dominación y el uso de la fuerza desmedida y feminidades dependientes y sumisas. En contextos de alta violencia, la crueldad contra las mujeres posee connotaciones simbólicas dentro de los grupos armados, que se ensañan con los cuerpos de las mujeres. Pero también quienes no pertenecen a grupos armados, en contextos de alta violencia como éstos, pueden acceder fácilmente a las armas y hacer uso de ellas en la esfera doméstica, contra las mujeres, y se benefician igualmente de la débil actuación de los sistemas de justicia y la consecuente impunidad.


Las actuales políticas antidrogas, que mantienen su comercialización en la ilegalidad, favorecen también otras actividades ilícitas asociadas al narcotráfico tales como el tráfico de armas y la trata de personas. Esta ausencia de reglamentación favorece los crímenes contra las mujeres que pueden cometerse en los escenarios donde permanece ausente -o connivente- el Estado.


Las investigaciones y procesos penales, que han demostrado su incapacidad para actuar contra las cúpulas de estas organizaciones criminales, han actuado en cambio con eficacia contra quienes tienen menos poder en este comercio: las mulas. El aumento de mujeres en las cárceles en los últimos años -y sus graves impactos sociales- se debe precisamente a su vinculación en el tráfico de drogas como “mulas” o vendedoras de la más baja escala, reproduciendo su discriminación estructural.


Se trata de analizar la problemática más allá de los factores económicos y de un concepto restringido de seguridad, para plantear posibles respuestas desde una perspectiva de derechos humanos y de democracia, donde la institucionalidad funcione para proteger los derechos de las personas.


Los Estados no pueden seguir haciendo caso omiso de esta realidad: el narcotráfico ha generado una violencia cada vez más generalizada en el continente, amenaza  la estabilidad de los Estados y el funcionamiento de los sistemas de justicia, todo lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ubicándolas en situaciones de mayor riesgo y desprotección, que reproducen la discriminación y que favorecen formas cada vez más extremas de violencia contra las mujeres.


Frente a la grave situación de violencia armada en nuestros países, que constituye un flagelo para nuestras sociedades, para nuestras instituciones democráticas y afecta de una manera especialmente grave a las mujeres, resulta inaplazable una discusión frontal de la actual política de drogas y detener la proliferación de armas en la región. (…)


Conclusiones del artículo “Dos dinámicas del conflicto armado en dos entornos distintos”

- La comercialización de la droga por parte de las organizaciones armadas derivadas, ligadas o conformadas por paramilitares ha cambiado desde 2008. Los mercados internos pasaron a ser de su interés.


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- Los expendios de droga de los barrios, que antes estaban administrados como cualquier otra actividad de rebusque familiar, se convirtieron en el último eslabón de una cadena regentada por un grupo armado. Los y las vendedoras de los barrios perdieron el control sobre su negocio y ahora tienen que rendirle cuentas a los narco paramilitares.


- El territorio en que se desarrollan estas actividades es objeto de vigilancia por parte de los actores interesados en controlarlas y de forma paralela la vida que se desarrolla en ellos entra a formar parte del inventario de bienes y recursos de los cuales sacar provecho a través de la cooptación, el reclutamiento y la extorsión.


- En lo que tiene que ver con las personas es de resaltar que:

 

o Las organizaciones y líderes de ambos sexos, que se asientan o viven en los territorios en mención, se convierten en objetivo para los actores armados ya sea para coptarlos o para silenciarlos como posibles denunciantes de las actividades delictivas que desarrollan en los barrios.

o Los y las habitantes de los barrios son objeto de control, seguimiento y amedrentamiento para garantizar que lo que ven que ocurre en el barrio no sea conocido por las autoridades.

 

- En lo que tiene que ver con las actividades económicas y bienes de los barrios:


o Los actores armados se lucran extorsionando a todos los emprendimientos económicos independientemente de su tamaño o rentabilidad.

o Obligan a los y las habitantes a pagar por servicios tales como la seguridad o préstamos.

Afectaciones del actual conflicto armado urbano en la vida de las mujeres:

 1. Forma como las mujeres participan en la política


En general, la participación política de las mujeres se ha desarrollado en los niveles micro. Sus reivindicaciones buscan mejorar las condiciones de vida para los y las habitantes de sus barrios: demanda de servicios como agua, luz, alcantarillado, puestos de salud, cuidado de niños y niñas menores de cinco años, entre otros. La organización comunitaria resulta riesgosa para el narcoparamilitarismo en tanto que hace visibles los problemas que se viven en los barrios, pone en alerta a las autoridades locales y a veces nacionales. El control de las organizaciones de mujeres que hacen estas demandas se vuelve un objetivo militar. De ahí que los cambios en las agendas políticas de las mujeres, el aumento de amenazas y los relevos en la participación, son hechos que deben formar parte del mapa a elaborar para saber cómo el narcomenudeo afecta a las mujeres.


2. Tipo de participación que las mujeres tienen en la economía


Los últimos datos del DANE indican que hay más mujeres en la informalidad y que esta tendencia parece ir en aumento.  Según Ariel Ávila (2011) los tentáculos del narcomenudeo se extienden mejor en economías informales. Desde esta perspectiva habría que determinar si las mujeres participan o no en el narcomenudeo o en alguno de sus tentáculos, cómo y de qué manera lo hacen y cómo las afecta en su autonomía.


3. Carácter doméstico del narcomenudeo


Uno de los lugares últimos de comercio (vendedor/a-comprador/a) se realiza en el ámbito doméstico (hay otras modalidades, el vendedor callejero, el que lleva a domicilio la droga). Éste ha sido por excelencia el ámbito de las mujeres; sin lugar a dudas su afectación será relevante ya sea porque en su casa se desarrolla el negocio o porque ella lo dirige. En todo caso serán similares las preguntas que se derivan del anterior aspecto: ¿Son las mujeres vendedoras?, ¿dónde venden?, ¿qué lugar ocupan cuando su hogar es un espacio de venta?,  ¿qué impactos tiene el papel que juega en la realización de sus derechos?


4. Exacerbación de los estereotipos de género derivados de los mercados ilícitos


La imposibilidad de recurrir a las autoridades para hacer respetar los negocios exige el uso de armas y actuaciones aleccionadoras para quienes pretendan defraudar los acuerdos; en general, son actuaciones en las que se exhiben grandes capacidades para hacer daño. Las demostraciones de violencia se acompañan con manifestaciones que refuerzan un tipo de masculinidad: la del macho padrote que tiene y domina mujeres. Varios estudios han relacionado una mayor violencia contra las mujeres, en particular mayores riesgos para su vida, en entornos en los que se hace uso de armas pequeñas. Asimismo, se reporta un aumento de la prostitución femenina y la explotación sexual de niños y niñas ligada a la presencia de actores armados.


5. Mayor permanencia de los hijos y las hijas en el hogar materno


Algunos jóvenes hombres son atraídos hacia las redes narcoparamilitares ya sea mediante el reclutamiento forzado o como empleados: sicarios, informantes o cobradores. Algunas jóvenes mujeres son atraídas como compañeras sentimentales de los hombres ‘duros’ del negocio o como prostitutas. El involucramiento de jóvenes de cualquiera de los sexos que conviven aún con sus madres, termina por envolverlas a ellas y hacerlas partícipes, aún sin que ellas tengan claro cuál es el tipo de articulación que hay entre sus hijos o hijas y el narcoparamilitarismo. Los desplazamientos intraurbanos y algunos tipos de amenazas han sido identificados como impactos en las mujeres; este tema requiere una mayor profundización.


Con estos aportes la Corporación Humanas pretende enriquecer la discusión y llamar la atención sobre la necesidad de dar un enfoque integral al debate abierto sobre la política antidrogas, atendiendo a todos los eslabones de esta mortífera cadena y prestando una especial atención al impacto de lo macro sobre lo micro.

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1Forman parte de la Articulación: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina);  Corporación Humanas (Chile, Colombia y Ecuador), EQUIS: Justicia para las Mujeres (México) y DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la mujer (Perú).

2Caicedo, Luz Piedad (2012). “Dos dinámicas del conflicto armado en dos entornos distintos” en Corporación Humanas, Tierra y territorio, Afectaciones y retos para las mujeres. Bogotá: Corporación Humanas.

3Un completo conjunto de argumentos que sustentan la necesidad de terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros, se incluye en el “Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas” (Junio de 2011). En línea: http://www.globalcommissionondrugs.org/.

4Para un análisis en profundidad de la relación entre el comercio de drogas y los feminicidios (además de distintas formas de violencia contra las mujeres), ver: Carcedo, Ana (coord.) (2010), No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San José, Costa Rica. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).

 

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