2013-07-02

 

La Justicia de Género no se opone a la Justicia Transicional

 

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La Justicia Transicional (JT) se entiende como un conjunto de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por ponerle fin a un ciclo de abusos y violaciones masivas de derechos humanos1. No es un tipo especial de justicia,  sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado, hasta un momento de superación del mismo o de democratización de una sociedad. La justicia transicional tiene un objetivo, que está dado por el reconocer a las víctimas sus derechos y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia.


La JT no es solo una herramienta jurídica, sino además política, que se vuelve transcendente en contextos de transición de la dictadura a la democracia o en procesos de superación del conflicto armado. Aparece como una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Debe enfocarse fundamentalmente en garantizar la no repetición de las violaciones a derechos humanos, la reparación efectiva, la impartición de justicia, el reconocimiento de la memoria histórica  y develar la verdad de la vulneración de derechos como tránsito a un proceso de reconciliación que consolide el fin de un conflicto. Los procesos de justicia transicional buscan llevar a cabo una transformación radical del orden social y político de un país y restablecer un tejido social en paz.


No existe un solo modelo de justicia transicional o un paquete de medidas que se aplican y se agotan como una fórmula. La realidad de cada país, permite o no que se incorporen nuevas medidas y se construyan nuevas iniciativas que contribuyan al logro de la paz, a la consolidación de la democracia y a la satisfacción de las demandas de las víctimas. Cuando se habla de justicia transicional no se habla de un concepto acabado, sino de una noción en permanente perfeccionamiento y adaptación.


La Justicia Transicional no se opone a los derechos humanos, por el contrario constituye un conjunto de medidas judiciales y políticas, donde se ubican instrumentos de verdad, justicia y reparación, como las comisiones de la verdad, las acciones penales alternativas, la aplicación de políticas públicas, etc., todas ellas tendientes a garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas.


Con respecto a los derechos humanos de las mujeres, es posible decir que en contextos de superación del conflicto, el derecho y la justicia no se han aplicado de forma neutral. Los actores que negocian o intervienen pulsan su poder y es allí donde las demandas de mujeres víctimas pueden ser objeto de omisión, pues también históricamente han estado excluidas del ejercicio de poder. Es allí donde los pactos sacrifican los derechos humanos de estas.

 

Tanto en contextos de paz como en contextos de guerra, las mujeres son víctimas de múltiples violencias, pero además tanto en uno como en otro, la justicia es esquiva para ellas. La Justicia Transicional debe responder a las demandas de las mujeres y debe combatir la discriminación y no reforzar las bases del patriarcado. La justicia transicional no es ni puede ser un arma contra las mujeres.


En los conflictos armados, las mujeres son víctimas directas en sus vidas y en sus cuerpos, así como lo son ante hechos que vulneran sus relaciones personales, familiares y comunitarias. En su mayoría,  las mujeres, los niños y las niñas son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.  La violencia sexual como forma de tortura es uno de los delitos de los que mayoritariamente han sido víctimas las mujeres en los conflictos armados como una estrategia de guerra, con fines dentro de ella, incluso posible por la existencia de la misma. Los delitos sexuales no son los únicos que se comenten contra las mujeres en conflictos armados;  el desplazamiento forzado, el reclutamiento, la expropiación de la tierra entre otros, hacen parte de las afectaciones diferenciadas que, en procesos de justicia transicional, son importantes no perder de vista.  


Por lo anterior, los procesos de transición tienen múltiples retos cuando se trata de la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres. Menciono cuatro urgentes de abordar cuando nos enfrentamos a los derechos humanos de las mujeres, vs. la aplicación de un enfoque de justicia transicional:


a) Justicia de género: tema que motiva esta reflexión, propone la concordancia entre esta y la Justicia Transicional. La primera no se opone a la segunda, esto es, los procesos de negociación no deben desconocer las afectaciones de las mujeres y la utilización de su cuerpo en los contextos de conflicto armado.


Un modelo de transición no puede entonces generar nuevas discriminaciones, ni constituir víctimas de mayor o menor categoría. Es por ello que con respecto a la justicia para las mujeres, debe ubicarse un concepto de justicia de género que las incluya en los procesos de diseño de Justicia Transicional  y en los procesos de negación para garantizar una dimensión del modelo de transición respetuoso de sus derechos.

 


b) Derecho de las mujeres a la Verdad: según los Principios Internacionales de Lucha contra la Impunidad “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos”2.

 


En cualquier proceso de Justicia Transicional la judicialización de todos los victimarios y de todos los hechos victimizantes responde a un horizonte imposible jurídica y políticamente. El derecho a la verdad toma especial relevancia para un futuro de reconciliación de las sociedades, y se constituye en un mínimo para la reconstrucción. Por lo anterior, es necesario avanzar en dos dimensiones en lo que a delitos cometidos contra las mujeres se refiere. La primera es su derecho individual a la verdad; cuáles fueron las razones por las cuales fueron objeto de los crímenes, quiénes los cometieron y sobre todo quiénes los ordenaron. Respondiendo no solo a la verdad jurídica, sino a la verdad material.


La segunda dimensión del derecho a la verdad, como derecho colectivo, es saber  qué pasó y las razones de esas violaciones. Por contrapartida, el Estado tiene que garantizar el "deber de la memoria" a fin de prevenir las deformaciones de la historia y propiciar a la sociedad su derecho a “recordar”. Para ello,  la conformación de comisiones para la verdad, institucionales o no,  y la promoción de los tribunales de mujeres, pueden ser una respuesta hacia la reconciliación.


c) Reparación3: el Estado es responsable, en contextos de transición, de garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual y discriminación igualdad de condiciones para acceder a los programas de reparación. Esa igualdad de condiciones requiere la superación no solo de barreras formales, sino además superar las barreras reales de acceso, algo que pasa por identificar los múltiples roles que adquieren las mujeres en el marco de los conflictos armados, tales como sobrevivientes que exigen justicia para otras víctimas, cuidadoras de hijos, hijas, adultos mayores y proveedoras con la responsabilidad de generar los ingresos de sus núcleos familiares.  Las reparaciones simbólicas son posibles y necesarias y responden al interés de las mujeres.


d) La aplicación del Derechos Penal: históricamente las mujeres han sido llamadas a renunciar al valor simbólico del derecho, esto es, a no reclamar la punibilidad de delitos que, a ojos de la sociedad, terminan siendo causas menores ante otros considerados como graves violaciones a los derechos humanos. En este punto, es un reto para la Justicia Transicional recurrir al derecho penal internacional para entender los delitos que se comenten fundamentalmente contra las mujeres, como aquellos derivados de la violencia sexual, como crímenes internacionales de lesa humanidad y de guerra.



En la aplicación del derecho penal, el reto máximo estará entonces en encontrar los mecanismos legales para conceder prerrogativas penales (equivalentes a las que se le otorgarán a otros delitos de igual gravedad tales como tortura) y por otra parte reconocer y dignificar a las víctimas para promover iniciativas de paz y reconciliación nacional. Las penas proporcionales a los responsables de infracciones al derecho internacional humanitario y la doble exigencia de la que debe ser sujeto el Estado si, además de falta a su deber de garantía, ha sido también responsable directo de violaciones a derechos humanos, serán la base de una sociedad que se niega a repetir las situaciones que dieron origen a las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres.


e) Superación de la discriminación: la Justicia Transicional es una vía para la configuración de democracias más incluyentes. Uno de los mayores retos de la Justicia Transicional consiste precisamente en transformar una cultura de impunidad y desigualdad, en una cultura respetuosa de los derechos humanos de quienes la componen, fortalecida institucionalmente, con la instauración de una democracia sólida.


Son las trasformaciones sociales y la superación de la violencia contra las mujeres en tiempos de paz y en tiempos de guerra, las que harán posible la consecución de una sociedad en paz. Por ello,  la Justicia Transicional es una oportunidad de reestructuración jurídica y política para instaurar medidas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
 

Este documento es un extracto del realizado por la autora para la publicación Aportes para el debate sobre la paz. FOKUS - Foro de Mujeres y Desarrollo, Bogotá, junio 2013

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1 www. ¿Qué es la Justicia Transicional? Boletín Electrónico 2013. Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ.

2 ONU Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad., 1997: Principio No 1.

3 Internacionalmente se puede hablar de avances en el tema de reparación a mujeres víctimas de conflictos armados, el origen de una serie de resoluciones como la resolución 1325, 1820 y 1888 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han actuado como desarrollos de la justicia transicional y como mandatos de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de los procesos de paz. Estos avances, así como otros dados por el derecho penal internacional han sido producto de los procesos de incidencia de organizaciones de mujeres y no han correspondido exclusivamente a las voluntades políticas de los Estados.

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