2013-08-05

 

Retos de los diálogos de la Habana para garantizar los derechos de las víctimas

Adriana Benjumea


conversatorio_-_copia
El proceso de desmovilización de grupos paramilitares, realizado en Colombia entre 2005 y 2006, ha dejado altos índices de impunidad en el país, un alto nivel de desconfianza en la sociedad y la promesa incumplida a las víctimas de verdad, justicia y reparación, pues se habla de algo de verdad, nada de justicia y nada de reparación; y 16 sentencias judiciales en 8 años de existencia de la ley pueden ser una muestra de esta situación.


Colombia adelanta actualmente un proceso de paz con un actor insurgente. El país se enfrenta a nuevos retos en la búsqueda de la paz, que será necesario abordar para superar errores del pasado y lograr legitimidad en un proceso que no puede ubicar en el centro de la discusión a los victimarios, sino que debe partir de la premisa del reconocimiento de los derechos de las víctimas.

 


En este escenario, se proponen por lo menos cinco retos, que Colombia tendrá que atender, para garantizar los derechos de las víctimas.

 

1. Visibilización del derecho fundamental a la justicia para las víctimas.  Este, que es el quinto punto de la agenda que se discute en La Habana, es el que menor desarrollo tiene en el documento que firmaron las partes para sentarse a negociar.


De forma escueta, el tema se presenta tan sólo como “Víctimas” con una introducción que reza “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP” y los siguientes dos numerales: “1. Derechos humanos de las víctimas” y “2. Verdad”. De la triada, bajo los que se suelen agrupar los derechos de las víctimas, está ausente la Justicia.


Por lo anterior, el primer reto es precisamente garantizar un lugar a la justicia para las víctimas. Una justicia que debe ser entendida como el derecho que se tiene a reclamar del Estado una acción de sanción ante aquellos que han causado una vulneración de derechos. La paz no es ausencia de justicia, por el contrario, no es posible llegar a la misma si la impunidad es tal que no permite un escenario futuro de reconciliación. 


2. Construcción de un modelo de Justicia no para el contendor sino para el país. El segundo reto que enfrenta el país es proponer un marco legal pensando en el país y no en los victimarios. Es fundamental superar la tendencia de construir un marco legal a la medida de los victimarios.


A primera vista podría parecer lógico que se preparen los instrumentos de orden legal que faciliten el camino hacia la paz incentivando a los combatientes a dejar las armas. Esta postura tiene al menos dos problemas. El primero es que la guerrilla de las Farc no es el único actor armado involucrado en el conflicto armado. Son protagonistas también el Ejército colombiano y el ELN. Del EPL no se dice nada, pero ignorar la existencia de este actor no lo borra del escenario de la guerra, al menos en algunas regiones.


El segundo y más relevante es que la incentivación no puede surgir de una dádiva sino de la construcción de una ruta que posibilite enmendar los daños que se cometieron mientras se estuvo en armas.


Si no se logra un modelo de justicia transicional, que negocie sobre la mesa para todos los actores armados involucrados en las hostilidades y unos mínimos para la negociación, aquel que tenga más poder adelantará todos los mecanismos para blindarse y no tener que responder por los delitos cometidos. Por ejemplo, no dejar sobre la mesa hoy los cambios necesarios que debe sufrir el Ejército Nacional en un escenario de postconflicto, los borra del debate de la paz, pero de la mano de eso, se les da prerrogativas como el Fuero Penal Militar que se convierte en una herramienta que fácilmente promueve la impunidad y le hace trampa a víctimas de delitos tales como homicidios en persona protegida o a víctimas de delitos sexuales.


3. El resarcimiento a las víctimas como una premisa real de las partes que están sentadas en la mesa.


El tercer reto, ligado con el anterior, es darles a las víctimas el lugar que les corresponde. Para dimensionar este reto, es importante aclarar que las víctimas de las que se habla lo son de asesinato, de violencia sexual, de tortura, de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, entre otras múltiples vulneraciones a sus derechos humanos. Son personas a las que se les debía proteger de sufrir cualquier daño causado por la guerra porque no forman parte de ninguno de los grupos armados que están participando de las confrontaciones.


El principio que está en la base es que la vida y la dignidad humana están por encima de cualquier causa. Nadie puede decidir matar, violar, torturar, desaparecer, desplazar entre otras formas de agresión, porque esa acción era necesaria para ganar la guerra.


Por esa razón es tan importante que haya justicia, porque en un juicio se establece si la persona asesinada era integrante de un ejército y no estaba desarmada. Esas condiciones las saben muy bien los actores armados, tanto que cuando matan a alguien que no forma parte de un ejército hacen el montaje para que aparezca como si realmente lo fuera (visten el cadáver con camuflado y le ponen un arma).


En los casos en que la víctima fue violada, torturada, desaparecida o desplazada, lo que determina un juicio es quién cometió los hechos porque esos hechos son totalmente proscritos, no hay ninguna razón que justifique que se realicen, nadie puede ser sometido o sometida a ninguna de esas conductas bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, por ninguna noble razón.


Si no hay juicios se envía el mensaje a la sociedad de que acepte que el día de mañana, por otra causa considerada noble por x o y persona, se viole, se torture o se desaparezca, las garantías de no repetición (que son parte de lo que se busca con la paz) son imposibles de garantizar si no se reconoce que nadie merecía un trato de ese tipo por ninguna razón.


Plantear un proceso que piense en las victimas es tener en cuenta lo anterior pero también obliga a que las partes sentadas en la mesa no asuman una posición de poder donde lo que se negocia son las prebendas para cada parte y no la construcción de la paz. 


4. Judicializar la violencia sexual: El cuarto reto es que la violencia sexual sea reprochada y cause tanta indignación en la sociedad que no sea posible justificarla en ninguna de las modalidades en las que se ha cometido.


Algunos hechos de violencia sexual, por la crueldad con que fueron cometidos, probablemente sean perseguidos por la justicia con el mismo celo que una masacre o una tortura.


Pero otros corren el riesgo de no ser ni siquiera reconocidos como abusos. Entre ellos están todos los que carecen de testigos dispuestos a decir que efectivamente se cometió violencia sexual. Están los que, por la costumbre de ver a los actores armados por las calles,  olvidaron que acosaban a las jóvenes, que enviaban a sus subalternos a buscarlas para conducirlas hasta sus casas, hoteles o bares; que se presentaban visiblemente armados a las casas de las mujeres; que amenazaron a los jóvenes que pretendían a las mujeres; se les olvidó el caso de la ahijada, de la hermana, de la sobrina, de la hija a la que obligaron a convivir o a la que obligaron a acudir a una cita sexual, se les olvidó que en el momento, a ese hecho lo calificaron como violación.


Los otros casos que pueden quedar en la impunidad son los que se cometieron contra las integrantes de los grupos armados porque estaban enmarcados por las reglas internas de la milicia, o porque fueron perpetrados por milicianos que abusaron de su lugar de jerarquía (como puede ocurrir entre patrón y empleada en una empresa). Los abortos y la anticoncepción forzados, por ejemplo, son normas aceptadas por las mujeres para poder tener ingreso a las filas de las Farc. Es claro que el embarazo y la lactancia son incompatibles con muchas de las exigencias de la guerra: amamantar durante un combate, emprender la huida con 7 meses de embarazo ¿pero esa incompatibilidad, cuando una guerrillera quedó en embarazo o dio a luz, se resolvió considerando los derechos a la libre determinación de la madre o de la gestante? ¿Cuáles mujeres de las Farc van a estar entregando las armas si se llega a un acuerdo y reclamando haber sido victimizadas por los compañeros de sus filas? ¿Cuáles de las mujeres desmovilizadas individualmente podrán exigir justicia? ¿Habrá disposición por parte del sistema judicial para invertir recursos en los casos de guerrilleras de las Farc que fueron víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus compañeros de filas?


5. Llenar los vacíos de contenido del marco legal para la paz. Este es el reto en torno al cual deben construirse propuestas. Los debates sobre el marco jurídico para la paz, los análisis de sus críticos y los planteamientos de sus defensores, han sido fundamentales para identificar cuáles son los riesgos inminentes de que el marco legal sea un marco para la impunidad.


Hay que producir acotaciones que garanticen justicia para las mujeres en los términos que las discusiones sobre el marco jurídico para la paz han identificado que pueden dar espacio a la impunidad: gravedad, máximo responsable, representativo, alternativas extrajudiciales.


Las mujeres debemos llenar de contenidos estos vacíos. La práctica judicial ante los tribunales en busca de justicia para mujeres víctimas de violencia sexual y los estudios sobre acceso para este tipo de víctimas deben ser tomados en cuenta para definir quién es por ejemplo el máximo responsable de una violación o que delito debe ser considerado representativo.


Por otra parte, la recurrencia de la violencia sexual en países que han vivido conflictos armados en los que la violación se ha utilizado como arma de guerra y no ha sido judicializado, son prueba de la peligrosidad que representa para las mujeres no juzgar este tipo de delitos. Un ejemplo de ello es la República Democrática del Congo. La impunidad en los casos de violencia sexual perpetúa la idea de que las violencias sexuales cometidas contra las mujeres son un daño colateral de la guerra y normaliza su comisión en la vida cotidiana, en la vida que se desarrolla por fuera del conflicto armado.


Seguramente el trabajo de las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sectores académicos, ha identificado otros retos. Estos que se presentan aquí no son excluyentes, son cinco propuestas para conversar, atender y en las que es necesario incidir, desde los distintos sectores, para que el proceso de paz aporte de forma contundente a un horizonte de reconciliación.


 

Humanas-Fokus






Corporación Humanas Colombia

Carrera 7 Nro. 33 - 49 Oficinas 201

PBX (571) 805 06 57 Teléfono: (571) 288 03 64

www.humanas.org.co - humanas@humanas.org.co

Bogotá Colombia

Contáctenos

Nombres
Correo
Comentarios
Proyecto:Observar formar e informar para una paz con justicia de genero / Comité editorial: Adriana Benjumea, directora; María Adelaida Palacio, coordinadora jurídica; July Fajardo, coordinadora de investigaciones y Ximena Correal, comunicadora.
Copyright © 1999-2013 Intelligent Web Ver 8.3 All Work Solutions Ltda. Todos los Derechos Reservados - www.pazconmujeres.org